UNIVERSIDAD CATÓLICA.


ENSEÑO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DESDE 1999. NO SOY PROFESOR NOMBRADO SINO CONTRATADO Y CONSIDERO QUE DESDE ENTONCES PARTICIPO DE UN AMBIENTE PLURAL, DONDE SE PUEDE OPINAR, DISCREPAR Y COMENTAR CON ALTURA. ES UN HONOR PARA MI PERTENECER A ESTA UNIVERSIDAD DONDE LLEVÉ ALGÚN CURSO LIBRE, PERTENECÍ AL TUC Y DONDE ESTUDIARON MI ESPOSA , MUCHOS DE MIS MEJORES AMIGOS. LUGAR EN EL QUE COMPARTEN SUS CONOCIMIENTOS Y TRABAJAN TANTAS PERSONAS QUE A LO LARGO DE LOS AÑOS HAN IDO FORMANDO PARTE DE LO QUE CONSIDERO MI FAMILIA DE VIDA.

COPIO AQUÍ UNA CARTA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. NO TENGO SU PERMISO EXPRESO PARA HACERLO PERO ACLARA PUNTOS QUE MUCHOS PRETENDEN OLVIDAR O ESCAMOTEAR Y QUE SE DEBEN CONOCER.

ES DECLARAME PARCIAL Y LO HAGO CON ORGULLO.

N° 119/2010.R


Lima, 29 de abril del 2010

Estimada o estimado colega:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en tanto miembro docente de la comunidad universitaria, a fin de comunicarle nuestro rechazo a la campaña de desinformación y de falsas afirmaciones que realizan el Gran Canciller de la Universidad y sus voceros a través de los medios de comunicación y apoyándose por la prensa sensacionalista que lo respalda a lo largo de estos años.

Como Rector sé que hemos tenido un revés con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay que ponerla en sus justos términos: era muy importante si nos declaraba fundada la demanda porque nos daba una gran protección jurídica. Así debió ser. Pero es menos relevante que nos haya sido contraria porque no da ningún derecho a la parte opuesta: así son las sentencias de los procesos de amparo y todos lo saben aunque los defensores del Ing. Walter Muñoz Cho digan públicamente lo contrario.

Sin embargo, tenemos críticas muy serias a esa sentencia porque no solo se limita a declarar infundada nuestra demanda, también añade muchas otras consideraciones y conclusiones que, de acuerdo a las normas vigentes, no debió hacer, porque al haber un juicio pendiente en el Poder Judicial, ninguna autoridad puede interferir los temas que allí se discuten. La mayoría del Tribunal Constitucional lo ha hecho y eso vulnera el mandato de que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional” (artículo 139 inciso 2 de la Constitución). La edición de En Defensa de la PUCP del lunes 23 de abril desarrolla este tema por extenso.

La comunidad universitaria hizo saber que se requería que las autoridades nos reuniéramos con ella para que expresáramos cuál era la situación y qué perspectivas se abrían con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Para esos efectos, hubo una reunión del Rectorado con los miembros y trabajadores de la universidad el viernes 23 de abril en la tarde. Las ideas centrales, como aseverarán quienes estuvieron presentes, fueron explicar detalladamente cuál era la situación luego de la sentencia, informar que continuaríamos los juicios pendientes y que estudiamos la forma de ir a la jurisdicción internacional. Finalizamos diciendo que seguiríamos defendiendo la propiedad y la autonomía de la Universidad. El Gran Canciller de la Universidad dijo al día siguiente en su programa sabatino Diálogo de fe que el Rector reunió a la comunidad universitaria para “azuzarla”. Todos quienes estuvimos allí sabemos que eso es una simple e injustificada difamación. Fue una reunión informativa, no de agitación, en la que, eso sí, el Rector habló con la mayor claridad posible.

La Universidad continuará ejercitando sus derechos legalmente reconocidos en este conflicto. Esto quiere decir que continuará defendiéndose en el juicio que se sigue ante los tribunales ordinarios de la República(1). Asimismo, estudiamos la posibilidad de presentarnos ante la jurisdicción internacional para impugnar la sentencia del Tribunal Constitucional y lograr una recta administración de justicia. El derecho de hacerlo emerge del artículo 205 de la Constitución Política.

También es importante decirle que la Pontificia Universidad Católica del Perú es administrada y fiscalizada de acuerdo a las leyes vigentes y con toda la estrictez necesaria. Tenemos la supervigilancia permanente de la Sunat y del Ministerio de Trabajo. Nuestras cuentas son auditadas anualmente por una firma independiente de reconocimiento internacional. La Ley Universitaria establece reglas sobre aprobación de las cuentas institucionales por el Consejo Universitario y por la Asamblea, que se cumplen escrupulosamente. Usted como miembro de la Universidad, sabe que ambos órganos de gobierno están compuestos por profesores y alumnos elegidos por la comunidad universitaria. También existen cinco obispos en la Asamblea, como representantes del episcopado peruano, que no asisten desde enero del 2009 y un Director Académico de Relaciones con la Iglesia en el Consejo Universitario, cargo que no ha sido nombrado po r el Gran Canciller desde el 2007 y que, por tanto, está vacante.

La información económica de la Universidad se entrega a los miembros de la Asamblea y del Consejo para la fiscalización que manda la ley, y un resumen de ella está disponible a conocimiento de todos en la página web de la Universidad. Es por tanto falto de seriedad que el Gran Canciller nos acuse de poca claridad en el manejo económico si, precisamente, se da una extensa información y participación de los miembros del Consejo y la Asamblea y son los representantes de la Iglesia los que no asisten a las sesiones respectivas.

Asimismo, la Comisión Central de Presupuesto y la Comisión de Infraestructura que, entre otras, participan activamente de las decisiones sobre los aspectos económicos de la Universidad, tienen entre sus miembros a un representante estudiantil elegido y a un profesor miembro de la Asamblea Universitaria.

El Gran Canciller se ha referido de manera poco responsable a los temas de pensiones estudiantiles y de remuneraciones a los docentes. De ello ha aprovechado uno de los periódicos sensacionalistas que lo apoya para decir que las pensiones serán recortadas a la mitad cuando el Gran Canciller asuma el control de la economía universitaria.

Frente a estas formas de agresión contra la Universidad, hacemos un llamado a la tranquilidad. Las autoridades los convocamos a defender a la Pontificia Universidad Católica del Perú desde la honestidad y la calidad académica, además de la difusión de nuestros planteamientos y la defensa enérgica en los medios jurisdiccionales nacionales e internacionales.

Deseo comunicarle que el Rectorado trabaja intensamente en defensa de la Universidad pero con honestidad y siempre con las armas legales aunque eso parezca ponernos en desventaja, sobre todo cuando se aprecia la parcialidad y arbitrariedad del texto de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en nuestra acción de amparo. Como ya he dicho, hemos sufrido un revés pero no se ha perjudicado la posición de la Universidad ni se ha establecido ningún derecho a favor del Ing. Walter Muñoz Cho en su afán por administrar los bienes de la Universidad. Estamos seguros de que obtendremos justicia con las medidas que tomaremos en los próximos meses. Con esa confianza, es preciso que reforcemos nuestro trabajo institucional en pro de la formación integral de nuestros estudiantes, de la investigación, de los valores y del contacto con los problemas de la sociedad para ser cada vez mejor Universidad.

Lo saludo atentamente,

Marcial Antonio Rubio Correa
RECTOR
Pontificia Universidad Católica del Perú.

__________________

1 El proceso al que me refiero fue iniciado paralelamente por la Universidad y por el Ing. Walter Muñoz Cho, miembro de la Junta Administradora de los bienes de don José de la Riva-Agüero, designado por el Arzobispo de Lima. Cada una de estas demandas dio origen a un juicio y, ambos, fueron acumulados en un solo juzgado para que sean procesados como uno solo. Este juicio existe, entonces, porque tanto la Universidad como el señor Muñoz Cho quisimos que así fuera.

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Publicado por

manoloprofe

Comunicador y publicista desde 1969. Profesor universitario desde 1985. Analista y comunicador político desde 1990.

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